La Guerra de Independencia y el gobierno de José I

La España de finales del siglo XVIII era todavía una sociedad dominada por señores feudales. A pesar de los intentos reformistas del absolutismo ilustrado, problemas estructurales como el déficit de Hacienda y las crisis de subsistencia seguían sin resolverse.

La Revolución Francesa y la posterior intervención napoleónica agudizaron las contradicciones de esta sociedad en crisis. El punto álgido llegó en 1808, cuando estalló una guerra con múltiples dimensiones: patriótica contra las tropas napoleónicas, civil entre los partidarios de José I y sus opositores, y también internacional.

Tras la abdicación de Carlos IV en favor de Fernando VII en el Motín de Aranjuez, Napoleón consiguió atraer a padre e hijo a Bayona, donde les obligó a abdicar en su favor para luego ceder la corona a su hermano José Bonaparte. Para legitimar su gobierno, José I promulgó el Estatuto de Bayona, un texto con cierto tinte liberal que no llegó a aplicarse debido a la guerra.

⚡ ¡Dato clave! La Guerra de Independencia no fue solo un conflicto contra un invasor extranjero, sino también una guerra civil entre españoles con distintas visiones del futuro del país.

Los afrancesados (partidarios de José I) eran principalmente funcionarios y reformistas ilustrados que, por pragmatismo o convicción, apoyaron al nuevo régimen. Mientras tanto, en los territorios no ocupados por los franceses se formaron Juntas Provinciales que asumieron la soberanía en nombre del rey ausente, y que acabaron constituyendo la Junta Central Suprema.

La guerra cambió definitivamente a favor de los españoles en 1812, cuando Napoleón tuvo que retirar tropas para la campaña de Rusia. El general Wellington, con tropas británicas, portuguesas y españolas, derrotó a los franceses en Arapiles, iniciando su retirada. Tras las decisivas batallas de Vitoria y San Marcial, Napoleón devolvió la corona a Fernando VII mediante el Tratado de Valençay en 1813.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Mientras la mayoría de los españoles combatían con las armas a los franceses, un grupo de ilustrados trabajaba para introducir en España las ideas que habían inspirado la revolución burguesa en Francia. Esta oportunidad llegó cuando la Junta Central, refugiada en Cádiz, dimitió y creó una Regencia colectiva.

La Regencia, presionada por los liberales concentrados en Cádiz (ciudad protegida por la armada británica), convocó Cortes Generales para evitar la independencia de las colonias americanas. Estas Cortes estuvieron dominadas por las clases medias, eclesiásticos y la burguesía mercantil e industrial, pero sin representación de las masas populares ni las mujeres.

Desde el principio, la Asamblea Constituyente asumió la soberanía nacional e inició la revolución liberal. En su seno surgieron dos tendencias: los liberales, partidarios de una transformación política, y los absolutistas, defensores del antiguo orden monárquico.

⚡ ¡Importante! La labor legislativa de las Cortes de Cádiz sentó las bases del liberalismo español y transformó radicalmente las estructuras del Antiguo Régimen.

La labor legislativa de las Cortes fue doble. Por un lado, emitieron decretos que abolían el Antiguo Régimen, estableciendo:

• Que la soberanía residía en el pueblo
• La igualdad ante la ley
• La libertad de imprenta
• La abolición de la Inquisición y los señoríos jurisdiccionales
• La desamortización de los bienes del clero

Por otro lado, elaboraron la Constitución de 1812, primera constitución española (sin contar el Estatuto de Bayona). Este extenso texto, apodado "La Pepa", proclamaba la soberanía nacional en detrimento del rey, establecía la división de poderes y reconocía derechos individuales y colectivos de los españoles.

La Constitución de 1812 tuvo una gran influencia en Europa y Latinoamérica, pero las circunstancias de la guerra y el posterior retorno de Fernando VII impidieron que se aplicara plenamente.

El triunfo del liberalismo: la construcción del Estado

La muerte de Fernando VII en 1833 inició un proceso imparable de cambios políticos, sociales y económicos que sentaron las bases del sistema capitalista en España. Durante la regencia de María Cristina (1834-1840) estalló la Primera Guerra Carlista, enfrentamiento ideológico entre los partidarios del absolutismo (carlistas) y los liberales (isabelinos).

En esta etapa se consolidó la división del liberalismo en dos corrientes: los moderados y los progresistas. Ambos aceptaban la Constitución y el sufragio censitario, pero diferían en otros aspectos. María Cristina se apoyó inicialmente en los moderados, quienes elaboraron el Estatuto Real, un texto otorgado por la Corona sin intervención de las Cortes.

⚡ ¡Recuerda! La desamortización de Mendizábal (1836) fue una medida clave del periodo que puso a la venta los bienes de las órdenes religiosas, debilitando económicamente a la Iglesia y favoreciendo a la burguesía compradora.

La Guerra Carlista obligó a la regente a buscar el apoyo de los progresistas, lo que llevó a la desamortización de Mendizábal y a la Constitución de 1837. Finalmente, en 1840, María Cristina renunció al gobierno y el general Espartero asumió la regencia hasta 1843, cuando fue derrocado por el pronunciamiento del general Narváez.

Durante la Década Moderada (1844-1854), Isabel II fue declarada mayor de edad, se creó la Guardia Civil y se proclamó una nueva constitución, la de 1845, que establecía la soberanía compartida entre rey y Cortes. También se firmó el Concordato de 1851 con la Santa Sede, normalizando las relaciones con la Iglesia.

El Bienio Progresista (1854-1856) llegó tras un levantamiento motivado por la corrupción de los gobiernos moderados. Durante estos dos años se intentó aplicar medidas liberales progresistas, como la Constitución de 1856 (no promulgada) y la desamortización civil de Madoz, que puso a la venta las tierras de los municipios.

La última etapa del reinado de Isabel II (1856-1868) estuvo marcada por el retorno de los moderados y la Unión Liberal. La crisis económica y la pérdida de prestigio de la reina culminaron en la revolución de 1868, abriendo paso al Sexenio Democrático.

El Sexenio Democrático (1868-1874)

En septiembre de 1868, el almirante Topete, junto a los generales Prim y Serrano, protagonizó una sublevación en Cádiz conocida como "La Gloriosa". El triunfo de la revolución forzó el exilio de Isabel II, que se encontraba veraneando en Lekeitio (Vizcaya).

El Gobierno Provisional, formado por la Unión Liberal y los progresistas, convocó Cortes Constituyentes con sufragio universal masculino para mayores de 25 años. La coalición gubernamental ganó claramente las elecciones y elaboró la Constitución de 1869, que recogía:

• El principio de soberanía nacional
• La separación de poderes
• Los derechos de reunión y asociación
• La libertad de cultos
• Una monarquía democrática donde "el rey reina pero no gobierna"

⚡ ¡Dato interesante! La Constitución de 1869 establecía las mismas condiciones para ser elector y elegible, democratizando significativamente el sistema político español, aunque seguía excluyendo a las mujeres.

Tras promulgar la Constitución, comenzó la búsqueda de un rey. Mientras tanto, surgieron nuevos conflictos: el levantamiento en Cuba que inició una guerra de 10 años, y la reaparición de los carlistas. Finalmente, Amadeo de Saboya fue elegido rey en noviembre de 1870, pero su reinado estuvo marcado por la inestabilidad: el asesinato de Prim, el carlismo, el movimiento alfonsino, el republicanismo federal y los conflictos coloniales. Amadeo abdicó el 11 de febrero de 1873.

La Primera República Española fue proclamada inmediatamente por el Congreso y el Senado. Estanislao Figueras fue nombrado presidente de una república unitaria, pero pronto chocó con los republicanos federales. Las elecciones dieron la victoria a estos últimos, que proclamaron la República Democrática Federal y propusieron a Pi i Margall como presidente.

Sin embargo, surgieron desacuerdos sobre cómo construir la España federal. Los "intransigentes" abandonaron las Cortes e iniciaron la revolución cantonal, que fue reprimida militarmente. Tras las dimisiones de Pi i Margall y Salmerón, Emilio Castelar asumió la presidencia con el objetivo de restablecer el orden. Su giro a la derecha provocó la oposición de los diputados de izquierda, pero el intento de forzar su dimisión fue interrumpido por el golpe de Estado del general Pavía en 1874, que puso fin a la Primera República.

La cuestión foral

Los fueros son uno de los elementos más característicos de la historia vasca. Desde la Edad Media, cada territorio vasco (Navarra, Gipuzkoa, Bizkaia y Álava) mantuvo su propio régimen foral, con instituciones y leyes propias que coexistían con las normas regias. A partir del siglo XVIII, solo los territorios vascos conservaban sus fueros, lo que contribuyó a crear una conciencia de unidad.

Las Juntas Generales eran la principal institución representativa de cada territorio, encargadas de elaborar leyes administrativas y aprobar y recaudar impuestos. Las Diputaciones se convirtieron en el órgano permanente más importante. Las peculiaridades de los territorios vascos según los fueros incluían:

• Pago de impuestos muy reducidos
• Exención del servicio militar (excepto en la Armada)
• Prohibición de establecer aduanas en la costa
• Hidalguía universal
• Pase foral o derecho navarro (posibilidad de suspender órdenes reales contrarias a los fueros)

⚡ ¡Concepto clave! El choque entre los fueros vascos y el liberalismo fue inevitable, ya que este último buscaba la uniformidad jurídica y la centralización del Estado, mientras que el régimen foral se basaba precisamente en la diferenciación.

El auge del liberalismo en el siglo XIX supuso una crisis para el sistema foral, incompatible con los principios de igualdad jurídica y unidad de mercado. La Constitución de Cádiz de 1812 no reconoció la especificidad foral, pero sus decisiones no llegaron a aplicarse.

La Primera Guerra Carlista (1833-1839) supuso el mayor enfrentamiento en torno a la cuestión foral. Los carlistas incorporaron la defensa de los fueros a su programa absolutista y teocrático, ganándose el apoyo de gran parte de la sociedad vasca, especialmente el bajo clero, la pequeña nobleza rural y los campesinos. Tras varias fases de guerra, el conflicto terminó con el Convenio de Vergara (1839), que reconocía a Isabel II como reina y establecía que el gobierno liberal respetaría el régimen foral.

La ley del 25 de octubre de 1839 confirmó los fueros vascos "sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía", subordinándolos a la Constitución y permitiendo al Gobierno realizar las modificaciones necesarias.

La abolición de los fueros

Durante la regencia de Espartero (1841-1844), Navarra firmó la Ley Paccionada de 1841, que ponía fin a su régimen foral y la convertía en provincia, aunque conservando su derecho civil y autogobierno administrativo. En las provincias vascas, Espartero abolió en la práctica los fueros, pero cuando los moderados volvieron al poder en 1844, devolvieron las competencias forales perdidas, excepto las aduanas, que se mantuvieron en la costa.

La Segunda Guerra Carlista (1846-1849) no tuvo apoyo en tierras vascas porque el sistema foral seguía vivo. Sin embargo, tras la revolución de 1868 y el fracaso de la monarquía de Amadeo de Saboya y la Primera República, el carlismo recuperó fuerza. La Tercera Guerra Carlista (1872-1876) vio al carlismo convertirse en el brazo armado de la Iglesia y defensor de los fueros amenazados por el centralismo liberal extremo.

⚡ ¡Importante para entender el presente! La abolición de los fueros vascos tras la Tercera Guerra Carlista se compensó con los Conciertos Económicos, que permitieron a las Diputaciones forales mantener autonomía fiscal y administrativa, sentando las bases del actual sistema de financiación vasco.

Con Carlos VII como pretendiente al trono, los carlistas establecieron las bases de un estado político con Estella como capital. Tras el pronunciamiento de Sagunto en 1874, que llevó al trono a Alfonso XII, los carlistas perdieron apoyo y fueron derrotados.

Al finalizar la guerra, los fueros de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava fueron abolidos en la práctica. La ley de Cánovas del Castillo del 21 de julio de 1876 extendía a las provincias vascas la obligación constitucional de realizar el servicio militar y participar en los gastos del Estado. En 1877 se disolvieron las Diputaciones forales por desobediencia civil.

Sin embargo, para evitar la inestabilidad política, Cánovas creó los Conciertos Económicos. Según el Decreto de 1878, las diputaciones forales vascas mantuvieron la competencia de fijar, recaudar y administrar los impuestos, pero debían pagar una cantidad prefijada (cupo) al Estado. Este sistema se prorrogó en 1887, 1894 y 1906, modificando la cuantía del cupo pero manteniendo el principio de autonomía fiscal.

Gracias a este régimen de conciertos económicos, las diputaciones disfrutaron de gran autonomía administrativa, desarrollando numerosas actividades en educación, beneficencia, carreteras, ferrocarriles y orden público. Además, al estar las diputaciones controladas por los magnates de la industrialización vasca, promovieron una política fiscal favorable a sus intereses, impulsando los impuestos sobre el consumo y desgravando los productos industriales, lo que favoreció el proceso de industrialización.