La Guerra de Independencia y el gobierno de José I

La crisis del Antiguo Régimen en España comenzó a manifestarse claramente cuando Carlos IV llegó al trono en 1788. En ese momento, España seguía siendo una sociedad dominada por señores feudales donde persistían instituciones como la Mesta, la Inquisición o los privilegios estamentales, todas ellas criticadas por los ilustrados.

El modelo del absolutismo ilustrado, aunque intentaba promover reformas, no consiguió resolver los problemas estructurales de España como el déficit de la Hacienda o el estancamiento económico. La situación se complicó con la influencia de la Revolución Francesa, que intensificó las contradicciones de una sociedad ya en crisis.

La intervención napoleónica alcanzó su punto culminante en 1808, desencadenando un conflicto de múltiples dimensiones: una guerra patriótica contra los ejércitos de Napoleón, una guerra civil (ya que parte del país apoyaba a José I), y una guerra internacional entre las potencias británica y francesa que convertirían España en su principal campo de batalla.

¡Toma nota! La Guerra de Independencia no fue solo un conflicto contra Francia, sino también una guerra civil entre españoles con diferentes visiones políticas.

Tras las abdicaciones de Bayona, José Bonaparte fue nombrado rey de España y publicó el Estatuto de Bayona, una especie de constitución que, aunque otorgaba muchos poderes al rey, también incluía elementos liberales innovadores. Sin embargo, nunca llegó a aplicarse plenamente debido a la resistencia popular y al estallido de la guerra.

Los afrancesados, principalmente funcionarios y reformistas ilustrados, apoyaron a José I por pragmatismo o por su deseo de reformar España, mientras que en los territorios no ocupados se formaron Juntas Provinciales que asumieron la soberanía en nombre del rey ausente, Fernando VII, y que acabarían constituyendo la Junta Central Suprema.

El desarrollo de la Guerra de Independencia

El 2 de mayo de 1808, Madrid se levantó contra las tropas francesas cuando la familia real partía hacia Francia. Este levantamiento dio inicio a la Guerra de Independencia, que se extendió por toda España y duró cinco años con devastadoras consecuencias: más de 300.000 muertos, destrucción y saqueos por todo el país.

Esta guerra tuvo un carácter nacional y popular, pero no revolucionario. Fue tanto un conflicto interno español como una confrontación internacional que enfrentó a las grandes potencias europeas en suelo peninsular.

Durante el conflicto, la ausencia de autoridad central tras las abdicaciones de Bayona provocó un vacío de poder que fue ocupado por las Juntas Provinciales en las zonas no controladas por los franceses. Estas Juntas, formadas por notables locales, asumieron la soberanía en nombre del rey ausente y terminaron creando la Junta Central Suprema bajo la presidencia del conde de Floridablanca.

La guerra comenzó a cambiar definitivamente en 1812, cuando Napoleón se vio obligado a trasladar tropas para su campaña contra Rusia. Aprovechando esta situación, el general Wellington, al mando de fuerzas británicas, portuguesas y españolas, derrotó a los franceses en la batalla de Arapiles, cerca de Salamanca.

¡Importante! El debilitamiento de las fuerzas francesas en España por la campaña rusa de Napoleón fue decisivo para el cambio de rumbo en la guerra.

A partir de ese momento, las tropas napoleónicas comenzaron a perder territorio. Las batallas de Vitoria-Gasteiz y de San Marcial en Irún fueron de las últimas importantes. También cabe destacar que las tropas del duque de Wellington ocuparon San Sebastián y provocaron un incendio que arrasó la ciudad (evento que se conmemora en la actual tamborrada donostiarra).

Con Napoleón también derrotado en Alemania, el emperador intentó llegar rápidamente a un acuerdo con Fernando VII, devolviéndole la corona española mediante el Tratado de Valençay en diciembre de 1813.

La labor revolucionaria de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Mientras la mayoría de los españoles se enfrentaba a los franceses con las armas, un pequeño grupo de ilustrados intentaba implantar en España las ideas que habían provocado una auténtica revolución burguesa en Francia. Esta oportunidad llegó cuando la Junta Central, refugiada en Cádiz, dimitió y creó una Regencia colectiva que convocó Cortes Generales.

En Cádiz se habían refugiado muchos intelectuales y burgueses liberales que huían de la guerra, protegidos por la armada británica. Debido a las dificultades de la guerra, la alta nobleza y la jerarquía eclesiástica apenas estuvieron representadas en estas Cortes, que quedaron dominadas por las clases medias, funcionarios, eclesiásticos reformistas y la burguesía comercial e industrial.

Desde el principio, la Asamblea Constituyente asumió la soberanía nacional y puso en marcha una revolución liberal. Pronto se formaron dos tendencias: los liberales, partidarios de una transformación política profunda, y los absolutistas, defensores del antiguo orden monárquico.

La labor legislativa de las Cortes se desarrolló en dos vías:

1. Decretos para abolir el Antiguo Régimen
2. Elaboración de la Constitución de 1812, su obra más importante

¡Recuerda! La Constitución de 1812, conocida popularmente como "La Pepa" por ser promulgada el día de San José, fue la primera constitución española si no tenemos en cuenta el Estatuto de Bayona.

Entre los decretos más importantes destacan:

• El que establecía que la soberanía residía en el pueblo
• La igualdad ante la ley, acabando con la sociedad estamental
• La libertad de imprenta
• La abolición de la Inquisición y de los señoríos jurisdiccionales
• La desamortización de bienes del clero

La Constitución de 1812, aprobada el día de San José, fue un texto extenso que reguló detalladamente todos los temas para evitar interpretaciones contrarias a su espíritu. Proclamó la soberanía nacional en detrimento del rey, estableció un sistema unicameral elegido por sufragio universal masculino (aunque indirecto y con limitaciones), y reconoció a Fernando VII como rey constitucional, no absoluto.

El Estado unitario y la caída del sistema liberal

La Constitución de 1812 diseñó un Estado unitario siguiendo la idea de nación, reconociendo los derechos de los españoles en general por encima de los derechos históricos de cada reino. De esta forma, dio un paso más en el proceso de centralización política y administrativa.

Para lograr la igualdad de los ciudadanos, estableció una burocracia centralizada, una fiscalidad uniforme, un ejército nacional y un mercado libre sin aduanas interiores. Estas medidas tendrían gran impacto en los territorios vascos, que disfrutaban de fueros especiales.

A pesar de ser símbolo del liberalismo más radical, la Constitución también reflejó la influencia de la Iglesia y la nobleza, declarando a España estado confesional y reconociendo las propiedades de los grupos privilegiados.

La importancia de la Constitución de 1812 radica en ser la primera constitución española, en servir de base para la creación del liberalismo español y en su influencia internacional, ya que se extendió por Europa y Latinoamérica. Se puede comparar con los mejores modelos del primer constitucionalismo occidental, como las constituciones francesa de 1791 y estadounidense de 1787.

Sin embargo, debido a la guerra y al regreso de Fernando VII, la Constitución de Cádiz no tuvo oportunidad de implantar sus reformas.

Reflexiona: La Constitución de 1812 planteaba un modelo de país muy avanzado para su época, ¿por qué crees que fracasó su implantación?

Con la muerte de Fernando VII en 1833 se inició un proceso imparable de cambios políticos, sociales y económicos en España. La revolución liberal dio paso a transformaciones fundamentales y se establecieron las bases del sistema capitalista.

Durante la regencia de María Cristina (1834-1840), estalló la Primera Guerra Carlista, que enfrentó a carlistas y liberales (cristinos) durante siete años. En esta etapa se consolidó la división del liberalismo en dos corrientes: moderados y progresistas. Ambos grupos aceptaban un sistema basado en la Constitución y el sufragio censitario.

El triunfo del liberalismo y la construcción del Estado liberal

María Cristina buscó el apoyo de los liberales moderados, que elaboraron el Estatuto Real, un documento otorgado por la Corona sin participación de las Cortes y que no regulaba las facultades del rey ni del Gobierno ni hacía referencia a los derechos individuales.

Debido a la Guerra Carlista, la regente tuvo que pedir ayuda a los progresistas. Así, Mendizábal publicó decretos para suprimir conventos y desamortizar sus bienes (1836). El pronunciamiento progresista de los sargentos de La Granja abolió el Estatuto Real e impulsó la nueva Constitución de 1837.

En 1840, María Cristina renunció a gobernar y el general Baldomero Espartero, líder de los liberales en la Primera Guerra Carlista, asumió el poder. Durante su regencia (1841-1843), gobernó de forma autoritaria, aislándose incluso de sectores progresistas. Continuó con las desamortizaciones y firmó un acuerdo económico para vender tejidos ingleses sin trabas, lo que perjudicó a la industria textil catalana y provocó protestas en Barcelona que Espartero reprimió con bombardeos.

Curiosidad: En los territorios vascos, Espartero pactó la Ley Paccionada con Navarra pero abolió los Fueros en las demás provincias (que los moderados restablecerían en 1844).

La regencia de Espartero terminó en 1843 con el levantamiento del general Narváez. Moderados y progresistas decidieron acabar con el excesivo poder de Espartero, y durante la siguiente década (1844-1854), conocida como Década Moderada, gobernaron los moderados.

Las decisiones más importantes de este período fueron:

• La proclamación de Isabel II como reina a los 13 años
• La creación de la Guardia Civil (1844)
• La promulgación de la Constitución de 1845, que establecía la soberanía compartida
• El Concordato de 1851 con el Vaticano, que reconocía la venta de tierras desamortizadas a cambio de ayudas económicas y control de la enseñanza
• La unificación de los antiguos impuestos en unos pocos de tendencia moderna

Del Bienio Progresista a la revolución democrática

La corrupción de los gobiernos moderados provocó una reacción en amplios sectores liberales. Tras el Manifiesto de O'Donnell y Serrano, casi toda España se levantó. Isabel II decidió entregar el poder al general Espartero, figura principal de los progresistas, iniciando así el Bienio Progresista (1854-1856).

Durante estos dos años, los gobiernos intentaron poner en práctica medidas liberal-progresistas. Su principal tarea fue elaborar una nueva Constitución, la de 1856, que reflejaba perfectamente las ideas del partido progresista: soberanía nacional, poder limitado de la Corona y tolerancia religiosa.

El eje principal de la política económica fue la desamortización de Madoz de 1855, que puso a la venta las tierras que aún quedaban de la Iglesia y las de los municipios. Las leyes de ferrocarriles y bancos se convirtieron en símbolos del progreso.

La crisis llegó en 1856 cuando O'Donnell dio un golpe de Estado, y durante los siguientes diez años moderados y la recién creada Unión Liberal se alternaron en el poder. En los últimos años de Isabel II, los problemas se agravaron, especialmente con la crisis económica general de 1866. Con el prestigio de la reina perdido, fuerzas militares y civiles firmaron el Pacto de Ostende para destruir el sistema isabelino y construir un nuevo orden con Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal.

Momento clave: En septiembre de 1868, el levantamiento triunfó y se generó la esperanza de un régimen democrático en España, iniciando el Sexenio Democrático (1868-1874).

En septiembre de 1868, el almirante Topete, junto con los generales Prim y Serrano, protagonizó el levantamiento de Cádiz. La revolución triunfó casi sin derramamiento de sangre, e Isabel II, que veraneaba en Lekeitio (Vizcaya), huyó a Francia.

El objetivo del Gobierno Provisional (formado por la Unión Liberal y progresistas) era elaborar una nueva Constitución. Se convocaron Cortes Constituyentes con sufragio universal masculino para mayores de 25 años, que ganó ampliamente la coalición gubernamental.

El Sexenio Democrático y la Primera República

En la Constitución de 1869 se recogió el principio de soberanía nacional y la separación de poderes. Se establecieron los derechos de reunión, asociación y libertad de culto. También se estableció el sufragio universal, con los mismos requisitos para ser elector y candidato. El modelo de Estado era una monarquía democrática donde "el rey reina pero no gobierna". El poder ejecutivo lo tenía el Gobierno y existían Cortes bicamerales: Senado y Congreso (ambos elegidos por los ciudadanos).

Aunque ya tenían una nueva constitución, España era una monarquía sin rey. Mientras tanto, Cánovas del Castillo formó el partido alfonsino para defender los derechos de Alfonso XII. Se presentaron varios candidatos: Serrano, Espartero, Leopoldo de Hohenzollern y Amadeo de Saboya, sin olvidar al candidato carlista, Don Carlos VII.

Mientras buscaban rey en las cancillerías europeas, resurgió el problema colonial en Cuba y Puerto Rico. Se produjo el alzamiento cubano de 1868, iniciando una guerra que duraría 10 años. También reaparecieron los carlistas reclamando los derechos al trono de su rey, Don Carlos, nieto de Carlos María Isidro.

¿Sabías que? Amadeo de Saboya aceptó el trono español sin saber que Prim, su principal valedor, había sido asesinado tres días antes en una calle de Madrid, lo que le dejó sin apoyo político efectivo.

Gracias a la buena gestión de Prim, la casa de Saboya impulsó a Amadeo, duque de Aosta, a aceptar el trono español (tras conseguir el acuerdo de las potencias europeas). Las Cortes lo eligieron rey a mediados de noviembre. Cuando Amadeo llegó a Cartagena, se enteró de que Prim había sido asesinado tres días antes.

El carlismo, el nuevo partido alfonsino impulsado por Cánovas del Castillo, el republicanismo federal, los disturbios obreros y la crisis colonial fueron las causas del fracaso de la primera experiencia monárquica constitucional en España. Amadeo firmó su acta de abdicación el 11 de febrero de 1873 y, de inmediato, el Congreso y el Senado, reunidos en Asamblea Nacional única, acordaron proclamar la República.

La Primera República Española y el fin del Sexenio Democrático

La Asamblea nombró a Estanislao Figueras presidente de la república unitaria, pero pronto chocó con los republicanos federales. Su principal tarea era convocar Cortes Constituyentes para aprobar una nueva Constitución, pero existían graves problemas: Hacienda agotada, guerra carlista recién iniciada en el norte y el problema cubano.

En las elecciones a Cortes ganaron los republicanos federales. Figueras devolvió el poder a las nuevas Cortes, que proclamaron la República Democrática Federal y propusieron como presidente del Gobierno a Pi i Margall.

Surgieron desacuerdos sobre los pasos a seguir en la organización federal de España. Los tolerantes, mayoría liderada por Pi i Margall, querían construir la república federal de arriba hacia abajo. Los intransigentes creían que la federación debía construirse de abajo hacia arriba.

Para entender: La revolución cantonal fue un movimiento en el que cada pueblo se proclamaba cantón independiente del poder central, uniendo tres revoluciones: regionalista, política y social.

Cuando los intransigentes abandonaron las Cortes, estalló la revolución cantonal, que comenzó en Cartagena y se extendió por ciudades del sur y Levante. Pi i Margall, desbordado por estas revoluciones, presentó su dimisión y fue sustituido por Salmerón, quien restableció el orden militarmente durante su breve mandato de mes y medio.

Salmerón dimitió por problemas de conciencia (no quería firmar penas de muerte contra los revolucionarios) y Emilio Castelar, catedrático de la Universidad Central, fue nombrado presidente del Gobierno. El nuevo presidente quería restablecer el orden, ya que aunque el movimiento cantonal había terminado, quedaban otros focos de desorden: la guerra contra los carlistas en el norte y la guerra de Cuba.

Castelar giró hacia la derecha, por lo que diputados de izquierda (federales intransigentes) quisieron forzar su dimisión. Sin embargo, este intento fue frenado por el golpe de Estado del general Pavía en 1874, quien disolvió las Cortes Constituyentes, poniendo fin a la Primera República.

Los fueros vascos y las guerras carlistas

Una de las peculiaridades más importantes de la historia vasca es el mantenimiento del régimen foral desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea. Como el País Vasco no tenía unidad política, cada territorio tuvo su propio régimen foral, es decir, sus propias instituciones y leyes: Navarra, Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. Desde el siglo XVIII (1714), en España solo los territorios vascos conservaron sus fueros, lo que contribuyó a crear una conciencia de unidad.

Según los fueros, la principal institución representativa de cada territorio eran las Juntas Generales, encargadas de elaborar leyes de carácter administrativo, aprobar y recaudar impuestos. Estas Juntas solo se reunían dos o tres veces al año, por lo que se crearon las diputaciones que se convirtieron en permanentes, siendo la institución más importante con poder ejecutivo.

Datos clave: Las principales características de los territorios vascos según sus fueros eran: pagar impuestos muy bajos, estar exentos del servicio militar (excepto la Armada) en tiempo de paz, prohibición de establecer aduanas en la costa, hidalguía universal y el derecho del "pase foral".

En el siglo XIX, la nueva ideología liberal se fortaleció en España. Este nuevo sistema, basado en la igualdad jurídica, la propiedad privada, el sistema político parlamentario y la libertad económica, era incompatible con el sistema económico y político definido en los fueros. La burguesía, por ejemplo, reclamaba la unidad de mercado con el resto de territorios españoles.

La primera crisis institucional importante para los fueros ocurrió con la Constitución de Cádiz de 1812, que no recogía la particularidad foral porque defendía la igualdad de todos los españoles (en el sistema fiscal, el ejército...). Sin embargo, las decisiones de Cádiz no se pusieron en práctica (por la guerra y el regreso de Fernando VII) y no tuvieron consecuencias.

Las guerras carlistas y el fin de los fueros

La cuestión foral alcanzó su mayor nivel de conflicto durante la Primera Guerra Carlista (1833-1839). En esta guerra, liberales y absolutistas se enfrentaron, y la revolución liberal amenazaba con eliminar los fueros para lograr la uniformidad jurídica y la centralización. De este modo, la sociedad vasca se volcó hacia los carlistas, quienes, con una estrategia calculada, incorporaron la reivindicación foral a su programa absolutista y teocrático (Dios, Patria, Fueros, Rey).

En el bando carlista estaban el bajo clero, la baja nobleza rural y la mayoría de los campesinos. Aunque el principal escenario de guerra fue el País Vasco, también se extendió a Aragón, Cataluña y El Maestrazgo (Castellón).

Punto de inflexión: La Primera Guerra Carlista terminó con el Convenio de Vergara (1839), por el que Isabel II sería reina y el gobierno liberal debía respetar el régimen foral, aunque subordinándolo a la Constitución.

Durante la regencia de Espartero (1841-1844), se firmó la Ley Paccionada en Navarra en 1841, que ponía fin al régimen foral navarro. Con esta nueva disposición, Navarra se convertía en provincia, pero conservaría su derecho civil y autogobierno administrativo. En cambio, en las provincias vascas no se logró un pacto similar. El gobierno liberal progresista de Baldomero Espartero se esforzó por unificar la nación y abolió los fueros en 1841. Sin embargo, cuando los moderados volvieron al poder en 1844, devolvieron las competencias forales perdidas con una excepción: se mantuvieron las aduanas en la costa.

La Segunda Guerra Carlista (1846-1849) no tuvo apoyo en tierras vascas porque el sistema foral seguía vivo. Sin embargo, tras la revolución de 1868, el establecimiento de la monarquía de Amadeo de Saboya y su posterior fracaso, seguido de la I República, el carlismo ganó seguidores. Las clases medias terratenientes (antes isabelinas) tenían miedo y se pusieron del lado del carlismo.