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16
1
Nerea
3/12/2025
Geografia i Història
Unidad 3 selectividad
1155
•
3 dic 2025
•
Nerea
@nerea_abhx
¡Prepárate para descubrir uno de los períodos más intensos de... Mostrar más
Durante el reinado de Isabel II se consolida por fin el sistema político liberal en España, pero no sin drama. Dos partidos liberales, los moderados (representantes de la alta burguesía) y los progresistas (que defendían más a la burguesía media), se turnarán en el poder escribiendo constituciones a su medida cada vez que gobierneren.
Mientras tanto, los absolutistas carlistas no aceptan que una mujer reine y reclaman el trono para Carlos María Isidro, lo que provocará tres sangrientas guerras civiles que dividirán España.
El reinado se puede dividir en etapas claras: primero las regencias (porque Isabel es menor de edad), luego los gobiernos moderados interrumpidos solo por la revolución de 1854, y finalmente la crisis que acabará expulsándola del trono en 1868.
Dato clave: Isabel II tenía solo 3 años cuando empezó su reinado, por lo que durante años España fue gobernada por regentes que tomaban decisiones en su nombre.
Los moderados defendían que el poder lo compartieran las Cortes y el rey, con un Senado nombrado por el monarca y un sufragio muy restringido que solo permitía votar a los ricos. Su base social incluía la antigua nobleza y la alta burguesía que se había hecho terrateniente.
Los progresistas, por el contrario, apostaban por un liberalismo más amplio: querían limitar el poder del rey, establecer la Milicia Nacional, elegir alcaldes democráticamente y ampliar (aunque no universalizar) el derecho al voto. Se apoyaban en las clases medias urbanas, artesanos y parte del ejército.
Esta división marcará toda la época, con cada bando redactando su propia constitución cuando llegue al poder.
Como Isabel II era menor de edad, su madre María Cristina asumió la regencia. Al principio se mantuvo un gobierno moderado bajo Martínez de la Rosa, que aprobó el Estatuto Real de 1834. No era una constitución propiamente dicha, sino una "carta otorgada" por la corona que establecía Cortes con dos cámaras.
El sufragio era tan restrictivo que de 12 millones de habitantes solo podían votar unos 16.000 varones. Paradójicamente, esta cámara tan elitista terminó exigiendo reformas más profundas de las esperadas.
La situación se complicó con levantamientos liberales en varias ciudades. Los radicales quemaron conventos (acusaban a los frailes de apoyar a los carlistas) e incluso la fábrica de Bonaplata en Barcelona. Ante este caos, María Cristina tuvo que llamar a Mendizábal, un progresista, para formar gobierno.
Momento decisivo: Los disturbios de 1835 obligaron a la regente a buscar apoyo en los progresistas, marcando el giro definitivo hacia el liberalismo.
Juan Álvarez de Mendizábal llegó al poder en septiembre de 1835 con las arcas vacías y una guerra carlista por ganar. Su solución fue revolucionaria: la desamortización de bienes eclesiásticos del 19 de febrero de 1836.
Esta medida buscaba obtener fondos para la Hacienda, eliminar la deuda pública, derrotar a los carlistas y atraerse a los compradores de tierras al bando liberal. Era una jugada maestra que cambiaría para siempre la estructura de la propiedad en España.
Pero María Cristina no estaba cómoda con Mendizábal, y en mayo de 1836 lo forzó a dimitir. Su sustituto, el moderado Istúriz, no contó con apoyo parlamentario y pronto estallaron nuevos levantamientos progresistas.
El 12 de agosto de 1836 se produjo el famoso motín de los sargentos de La Granja, que obligó a María Cristina a restablecer temporalmente la Constitución de 1812 y formar un nuevo gobierno progresista con Calatrava al frente y Mendizábal en Hacienda.
Este gobierno progresista acabó definitivamente con las instituciones del Antiguo Régimen: disolvió el régimen señorial y el mayorazgo, suprimió los privilegios gremiales, estableció la libertad de industria, comercio y prensa, y reanudó la desamortización.
El proceso culminó con la Constitución de 1837, mucho más breve que la de Cádiz (77 artículos frente a 384). Esta constitución intentaba ser un texto de consenso entre progresistas y moderados, reconociendo la soberanía nacional pero estableciendo un bicameralismo con un Senado que nombraba el rey.
Clave del éxito: La Constitución de 1837 fue un intento de encontrar el equilibrio entre las posturas más extremas de ambos bandos liberales.
Tras aprobar la Constitución, las elecciones de 1837 dieron la victoria a los moderados. Aquí entraron en escena dos militares que marcarían los siguientes años: Espartero (líder progresista) y Narváez (jefe moderado).
El enfrentamiento definitivo llegó con la polémica ley de ayuntamientos: los moderados querían que el gobierno nombrara a los alcaldes, mientras los progresistas defendían su elección popular. Cuando las Cortes aprobaron la versión moderada, Espartero se rebeló abiertamente.
María Cristina intentó nombrar a Espartero jefe de gobierno para calmar los ánimos, pero al no aceptar este el programa del ejecutivo, la regente presentó su renuncia y marchó a Francia en octubre de 1840. España se quedaba sin regente.
Dos días después de la muerte de Fernando VII, su hermano Carlos María Isidro reclamó el trono desde Portugal a través del Manifiesto de Abrantes. Lo que empezó como una disputa dinástica se convirtió rápidamente en un enfrentamiento entre el Antiguo Régimen y el Estado liberal.
Los carlistas defendían el absolutismo monárquico, la religión católica y los fueros tradicionales. Su base social incluía parte del ejército, la mayoría del clero, algunos nobles y campesinos que veían en el liberalismo una amenaza. Sus principales bastiones fueron el País Vasco, Navarra, el Maestrazgo y el Pirineo catalán.
El bando isabelino contó con el apoyo de parte de la nobleza, funcionarios, altas jerarquías eclesiásticas, mandos militares, la burguesía y las clases populares urbanas. Básicamente, el carlismo triunfó en zonas rurales del norte, mientras que las ciudades rechazaron el absolutismo.
Estrategia militar: Los carlistas dominaban el campo, pero su incapacidad para tomar ciudades importantes como Bilbao marcó el límite de sus posibilidades.
La primera fase (1833-1835) fue favorable a los carlistas. Don Carlos estableció un gobierno alternativo en Navarra con Zumalacárregui como gran organizador militar. Sin embargo, la muerte de Zumalacárregui en 1835 durante el asedio de Bilbao cambió el rumbo de la guerra.
La segunda etapa (1835-1837) se caracterizó por las grandes expediciones carlistas. La del general Miguel Gómez en 1836 llegó hasta Galicia y Andalucía, pero no logró consolidar posiciones. Más ambiciosa fue la "expedición real" de 1837, dirigida por el propio pretendiente, que llegó hasta las afueras de Madrid antes de verse obligada a retroceder por la acción de Espartero.
La guerra terminó con el Convenio de Vergara (agosto de 1839) entre el general carlista Maroto y Espartero. Los carlistas conservaron sus grados militares y se prometió tratar el tema de los fueros vascos en las Cortes, aunque don Carlos no aceptó el acuerdo y huyó a Francia.
Proclamado regente por las Cortes, Baldomero Espartero pronto demostró un estilo de gobierno personalista y autoritario. Se rodeó de una camarilla de militares afines, alejándose del sector mayoritario progresista en las Cortes liderado por Joaquín María López y Salustiano Olózaga.
Esta división interna del progresismo facilitaría el retorno de los moderados al poder. Los moderados intentaron varios pronunciamientos contra Espartero, incluido uno organizado desde París por el círculo de María Cristina en octubre de 1841, que terminó con el fusilamiento de los generales implicados.
El bombardeo de Barcelona (diciembre de 1842) fue el episodio que más dañó el prestigio de Espartero. La inquietud por un posible tratado librecambista con Inglaterra, perjudicial para la industria textil catalana, provocó una insurrección con barricadas en la ciudad.
Dato impactante: Durante el bombardeo de Barcelona se dispararon 1.014 proyectiles desde Montjuich, dañando 462 casas y causando 20 muertos.
El bombardeo dividió aún más al partido progresista entre los defensores de Espartero y sus opositores parlamentarios. Estos últimos organizaron un movimiento conspirativo con levantamientos por toda España, al que se unieron los moderados liderados por Narváez.
Narváez regresó de Francia y derrotó a las tropas de Espartero en Torrejón de Ardoz (julio de 1843). Sin apoyos, Espartero abandonó el país embarcando en Cádiz rumbo a Londres.
Para evitar nuevas disputas por la regencia, en noviembre de 1843 las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II (que tenía solo 13 años) y la proclamaron reina. Antes de terminar el año, Isabel encargaba al moderado González Bravo formar gobierno, dando inicio a la Década Moderada.
La Década Moderada estuvo dominada por la figura de Ramón María Narváez, el político más influyente de la época. Aunque hubo 16 gobiernos en este período (lo que indica inestabilidad), Narváez fue la figura que presidió toda la etapa desde las sombras.
El primer gobierno, dirigido por González Bravo, anticipó el programa moderado: puso en vigor la ley de ayuntamientos de 1840, suprimió la Milicia Nacional y creó la Guardia Civil (1844). Este nuevo cuerpo se diseñó específicamente para mantener el "orden" y la "propiedad" en el medio rural.
Con Narváez ya al frente, las elecciones de 1844 dieron un triunfo aplastante a los moderados. Su gobierno estableció las bases del Estado liberal moderado con una serie de reformas fundamentales que definirían el sistema durante años.
Innovación clave: La creación de la Guardia Civil respondía a la necesidad de controlar el campo español en una época de grandes cambios en la propiedad agraria.
La Constitución de 1845 excluyó cualquier intento de pacto con los progresistas. Establecía la soberanía compartida entre monarquía y Cortes, con un Senado de nombramiento real y carácter vitalicio. Además, declaraba la exclusividad de la religión católica con compromiso estatal de sufragar los gastos del culto.
Otras reformas importantes incluyeron:
La ley electoral de 1846 redujo drásticamente el número de electores al doblar los requisitos de fortuna para votar, consolidando el sistema como una democracia de ricos.
El matrimonio de Isabel II con su primo Francisco de Asís (octubre de 1846) fue un asunto internacional. Francia e Inglaterra limitaron los candidatos para evitar que el elegido fuera contrario a sus intereses. El matrimonio resultó desgraciado para ambos y reavivó las pretensiones carlistas.
Esto provocó la segunda guerra carlista o "guerra dels Matiners" (1846-1849), centrada en Cataluña y dirigida por Ramón Cabrera, que regresó de Inglaterra para ponerse al frente de las guerrillas.
El gobierno de Bravo Murillo (1851-1852) firmó el Concordato con la Santa Sede, por el cual el papa reconocía a Isabel II como reina legítima y aceptaba la pérdida de los bienes eclesiásticos ya vendidos. A cambio, se reforzaba la confesionalidad católica y el Estado se comprometía a mantener a la Iglesia con cargo a los presupuestos.
Escándalo político: Los negocios sucios en la construcción del ferrocarril y los enriquecimientos escandalosos minaron la credibilidad del gobierno moderado.
La división interna entre los moderados y los escándalos administrativos, especialmente en las concesiones ferroviarias, desgastaron profundamente al gobierno. Cuando el Senado votó contra las concesiones propuestas, el ejecutivo decidió perseguir a los opositores.
Este autoritarismo fue la gota que colmó el vaso. Un grupo de militares dirigidos por los generales O'Donnell y Dulce inició un pronunciamiento en Madrid el 28 de junio de 1854. Tras enfrentarse con las tropas gubernamentales en Vicálvaro (la "Vicalvarada"), comenzaba una nueva etapa en la historia de España.
El pronunciamiento militar se transformaría pronto en una revolución popular que traería de vuelta a los progresistas al poder después de una década de marginación política.
Tras el enfrentamiento indeciso en Vicálvaro, las fuerzas sublevadas se retiraron hacia el sur. En Manzanares, el general Serrano convenció a O'Donnell para dar un giro progresista al pronunciamiento. Cánovas del Castillo redactó el "Manifiesto de Manzanares" con promesas progresistas.
La difusión del manifiesto transformó la sublevación militar en una revolución popular. En Madrid se quemaron las viviendas de políticos impopulares y el palacio de María Cristina. Se constituyeron Juntas revolucionarias en distintas ciudades. Isabel II no tuvo más remedio que formar un gobierno dirigido por Espartero, con O'Donnell como ministro de la Guerra.
Las elecciones de octubre dieron el triunfo al nuevo Partido de la Unión Liberal de O'Donnell, una opción de centro que agrupaba a progresistas y moderados. Le siguieron los "progresistas puros" y, en los extremos, moderados y demócratas.
Novedad política: El Partido Demócrata, creado en 1849, defendía el sufragio universal masculino y políticas favorables a los intereses populares.
Las Cortes del Bienio desarrollaron una importante labor legislativa que contribuyó decisivamente a la industrialización del país y la consolidación del capitalismo:
La Constitución de 1856, conocida como "non nata" porque nunca se promulgó, recogía el ideario progresista completo: soberanía nacional, Milicia Nacional, alcaldes elegidos por los vecinos, Senado elegido por los votantes y libertades de imprenta y religiosa.
La desamortización de Madoz (1855) afectó tanto a bienes eclesiásticos no vendidos como a bienes municipales. Aunque la burguesía siguió siendo la gran beneficiaria, la participación de pequeños propietarios fue mayor que en la anterior desamortización.
La Ley de Ferrocarriles (1855) facilitó la inversión extranjera y la constitución de grandes compañías ferroviarias, mientras que la Ley de Bancos (1856) favoreció la movilización de capitales para financiar estas infraestructuras.
El Bienio Progresista terminó abruptamente cuando las diferencias entre Espartero y O'Donnell se hicieron irreconciliables. O'Donnell, apoyado por los moderados, forzó la salida de Espartero y asumió el poder en julio de 1856, inaugurando una nueva etapa dominada por la Unión Liberal.
Este partido centrista se convirtió en la principal fuerza política de los últimos años del reinado de Isabel II. Su programa combinaba elementos moderados y progresistas, intentando crear una alternativa estable al constante enfrentamiento entre ambos bandos.
O'Donnell mantuvo algunas reformas del Bienio (especialmente las económicas) pero frenó las más radicales. La Constitución de 1856 quedó en suspenso y se restauró la de 1845, aunque con una aplicación más flexible.
Estrategia política: La Unión Liberal intentó crear un "centro político" estable que evitara los extremismos de moderados y progresistas puros.
Los últimos años del reinado se caracterizaron por una creciente inestabilidad política. Los gobiernos se sucedían sin conseguir una base social sólida, mientras crecía el descontento popular por la crisis económica y la corrupción.
La política exterior se volvió más activa con intervenciones en México, Marruecos e Indochina, buscando prestigio internacional que compensara los problemas internos. Sin embargo, estas aventuras militares agravaron los problemas financieros del Estado.
La crisis de 1866 marcó el inicio del fin. Una grave crisis económica, unida al levantamiento de los sargentos de San Gil y la creciente oposición de progresistas y demócratas, creó un clima revolucionario. Isabel II perdió progresivamente el apoyo de todos los sectores políticos, incluyendo a los que tradicionalmente la habían defendido.
En septiembre de 1868 estalló la revolución que destronó a Isabel II, conocida como "La Gloriosa". Una coalición de progresistas, demócratas y unionistas, dirigida por militares como Prim, Topete y Serrano, se alzó contra la monarquía isabelina.
La revolución triunfó rápidamente debido al total aislamiento político de la reina. Incluso los moderados, tradicionalmente sus defensores, habían perdido la confianza en una monarquía asociada con la corrupción, el autoritarismo y la inestabilidad.
Isabel II marchó al exilio en Francia, cerrando definitivamente una etapa de 35 años que había visto la consolidación del liberalismo en España, pero también tres guerras civiles, constantes pronunciamientos militares y una profunda polarización política.
Balance histórico: El reinado de Isabel II logró establecer el Estado liberal en España, pero su final demostró que el sistema necesitaba una profunda renovación democrática.
El reinado de Isabel II dejó un legado contradictorio. Por un lado, consiguió consolidar el liberalismo frente al absolutismo carlista y establecer las bases del Estado moderno español con una administración centralizada, un sistema fiscal uniforme y la abolición definitiva del Antiguo Régimen.
Por otro lado, el sistema político se caracterizó por su estrechez social (sufragio muy restringido), la constante intervención militar en la política y la incapacidad de integrar a las clases populares en el juego democrático.
La caída de Isabel II abrió un período experimental conocido como el Sexenio Democrático (1868-1874), que intentaría democratizar el sistema político español con resultados también problemáticos, demostrando la dificultad de España para encontrar un equilibrio político estable en el siglo XIX.
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Nerea
@nerea_abhx
¡Prepárate para descubrir uno de los períodos más intensos de la historia de España! El reinado de Isabel II (1833-1868) marcó el momento en que España se transformó definitivamente en un estado liberal, aunque el camino estuvo lleno de guerras... Mostrar más
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Durante el reinado de Isabel II se consolida por fin el sistema político liberal en España, pero no sin drama. Dos partidos liberales, los moderados (representantes de la alta burguesía) y los progresistas (que defendían más a la burguesía media), se turnarán en el poder escribiendo constituciones a su medida cada vez que gobierneren.
Mientras tanto, los absolutistas carlistas no aceptan que una mujer reine y reclaman el trono para Carlos María Isidro, lo que provocará tres sangrientas guerras civiles que dividirán España.
El reinado se puede dividir en etapas claras: primero las regencias (porque Isabel es menor de edad), luego los gobiernos moderados interrumpidos solo por la revolución de 1854, y finalmente la crisis que acabará expulsándola del trono en 1868.
Dato clave: Isabel II tenía solo 3 años cuando empezó su reinado, por lo que durante años España fue gobernada por regentes que tomaban decisiones en su nombre.
Los moderados defendían que el poder lo compartieran las Cortes y el rey, con un Senado nombrado por el monarca y un sufragio muy restringido que solo permitía votar a los ricos. Su base social incluía la antigua nobleza y la alta burguesía que se había hecho terrateniente.
Los progresistas, por el contrario, apostaban por un liberalismo más amplio: querían limitar el poder del rey, establecer la Milicia Nacional, elegir alcaldes democráticamente y ampliar (aunque no universalizar) el derecho al voto. Se apoyaban en las clases medias urbanas, artesanos y parte del ejército.
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Como Isabel II era menor de edad, su madre María Cristina asumió la regencia. Al principio se mantuvo un gobierno moderado bajo Martínez de la Rosa, que aprobó el Estatuto Real de 1834. No era una constitución propiamente dicha, sino una "carta otorgada" por la corona que establecía Cortes con dos cámaras.
El sufragio era tan restrictivo que de 12 millones de habitantes solo podían votar unos 16.000 varones. Paradójicamente, esta cámara tan elitista terminó exigiendo reformas más profundas de las esperadas.
La situación se complicó con levantamientos liberales en varias ciudades. Los radicales quemaron conventos (acusaban a los frailes de apoyar a los carlistas) e incluso la fábrica de Bonaplata en Barcelona. Ante este caos, María Cristina tuvo que llamar a Mendizábal, un progresista, para formar gobierno.
Momento decisivo: Los disturbios de 1835 obligaron a la regente a buscar apoyo en los progresistas, marcando el giro definitivo hacia el liberalismo.
Juan Álvarez de Mendizábal llegó al poder en septiembre de 1835 con las arcas vacías y una guerra carlista por ganar. Su solución fue revolucionaria: la desamortización de bienes eclesiásticos del 19 de febrero de 1836.
Esta medida buscaba obtener fondos para la Hacienda, eliminar la deuda pública, derrotar a los carlistas y atraerse a los compradores de tierras al bando liberal. Era una jugada maestra que cambiaría para siempre la estructura de la propiedad en España.
Pero María Cristina no estaba cómoda con Mendizábal, y en mayo de 1836 lo forzó a dimitir. Su sustituto, el moderado Istúriz, no contó con apoyo parlamentario y pronto estallaron nuevos levantamientos progresistas.
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El 12 de agosto de 1836 se produjo el famoso motín de los sargentos de La Granja, que obligó a María Cristina a restablecer temporalmente la Constitución de 1812 y formar un nuevo gobierno progresista con Calatrava al frente y Mendizábal en Hacienda.
Este gobierno progresista acabó definitivamente con las instituciones del Antiguo Régimen: disolvió el régimen señorial y el mayorazgo, suprimió los privilegios gremiales, estableció la libertad de industria, comercio y prensa, y reanudó la desamortización.
El proceso culminó con la Constitución de 1837, mucho más breve que la de Cádiz (77 artículos frente a 384). Esta constitución intentaba ser un texto de consenso entre progresistas y moderados, reconociendo la soberanía nacional pero estableciendo un bicameralismo con un Senado que nombraba el rey.
Clave del éxito: La Constitución de 1837 fue un intento de encontrar el equilibrio entre las posturas más extremas de ambos bandos liberales.
Tras aprobar la Constitución, las elecciones de 1837 dieron la victoria a los moderados. Aquí entraron en escena dos militares que marcarían los siguientes años: Espartero (líder progresista) y Narváez (jefe moderado).
El enfrentamiento definitivo llegó con la polémica ley de ayuntamientos: los moderados querían que el gobierno nombrara a los alcaldes, mientras los progresistas defendían su elección popular. Cuando las Cortes aprobaron la versión moderada, Espartero se rebeló abiertamente.
María Cristina intentó nombrar a Espartero jefe de gobierno para calmar los ánimos, pero al no aceptar este el programa del ejecutivo, la regente presentó su renuncia y marchó a Francia en octubre de 1840. España se quedaba sin regente.
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Dos días después de la muerte de Fernando VII, su hermano Carlos María Isidro reclamó el trono desde Portugal a través del Manifiesto de Abrantes. Lo que empezó como una disputa dinástica se convirtió rápidamente en un enfrentamiento entre el Antiguo Régimen y el Estado liberal.
Los carlistas defendían el absolutismo monárquico, la religión católica y los fueros tradicionales. Su base social incluía parte del ejército, la mayoría del clero, algunos nobles y campesinos que veían en el liberalismo una amenaza. Sus principales bastiones fueron el País Vasco, Navarra, el Maestrazgo y el Pirineo catalán.
El bando isabelino contó con el apoyo de parte de la nobleza, funcionarios, altas jerarquías eclesiásticas, mandos militares, la burguesía y las clases populares urbanas. Básicamente, el carlismo triunfó en zonas rurales del norte, mientras que las ciudades rechazaron el absolutismo.
Estrategia militar: Los carlistas dominaban el campo, pero su incapacidad para tomar ciudades importantes como Bilbao marcó el límite de sus posibilidades.
La primera fase (1833-1835) fue favorable a los carlistas. Don Carlos estableció un gobierno alternativo en Navarra con Zumalacárregui como gran organizador militar. Sin embargo, la muerte de Zumalacárregui en 1835 durante el asedio de Bilbao cambió el rumbo de la guerra.
La segunda etapa (1835-1837) se caracterizó por las grandes expediciones carlistas. La del general Miguel Gómez en 1836 llegó hasta Galicia y Andalucía, pero no logró consolidar posiciones. Más ambiciosa fue la "expedición real" de 1837, dirigida por el propio pretendiente, que llegó hasta las afueras de Madrid antes de verse obligada a retroceder por la acción de Espartero.
La guerra terminó con el Convenio de Vergara (agosto de 1839) entre el general carlista Maroto y Espartero. Los carlistas conservaron sus grados militares y se prometió tratar el tema de los fueros vascos en las Cortes, aunque don Carlos no aceptó el acuerdo y huyó a Francia.
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Proclamado regente por las Cortes, Baldomero Espartero pronto demostró un estilo de gobierno personalista y autoritario. Se rodeó de una camarilla de militares afines, alejándose del sector mayoritario progresista en las Cortes liderado por Joaquín María López y Salustiano Olózaga.
Esta división interna del progresismo facilitaría el retorno de los moderados al poder. Los moderados intentaron varios pronunciamientos contra Espartero, incluido uno organizado desde París por el círculo de María Cristina en octubre de 1841, que terminó con el fusilamiento de los generales implicados.
El bombardeo de Barcelona (diciembre de 1842) fue el episodio que más dañó el prestigio de Espartero. La inquietud por un posible tratado librecambista con Inglaterra, perjudicial para la industria textil catalana, provocó una insurrección con barricadas en la ciudad.
Dato impactante: Durante el bombardeo de Barcelona se dispararon 1.014 proyectiles desde Montjuich, dañando 462 casas y causando 20 muertos.
El bombardeo dividió aún más al partido progresista entre los defensores de Espartero y sus opositores parlamentarios. Estos últimos organizaron un movimiento conspirativo con levantamientos por toda España, al que se unieron los moderados liderados por Narváez.
Narváez regresó de Francia y derrotó a las tropas de Espartero en Torrejón de Ardoz (julio de 1843). Sin apoyos, Espartero abandonó el país embarcando en Cádiz rumbo a Londres.
Para evitar nuevas disputas por la regencia, en noviembre de 1843 las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II (que tenía solo 13 años) y la proclamaron reina. Antes de terminar el año, Isabel encargaba al moderado González Bravo formar gobierno, dando inicio a la Década Moderada.
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La Década Moderada estuvo dominada por la figura de Ramón María Narváez, el político más influyente de la época. Aunque hubo 16 gobiernos en este período (lo que indica inestabilidad), Narváez fue la figura que presidió toda la etapa desde las sombras.
El primer gobierno, dirigido por González Bravo, anticipó el programa moderado: puso en vigor la ley de ayuntamientos de 1840, suprimió la Milicia Nacional y creó la Guardia Civil (1844). Este nuevo cuerpo se diseñó específicamente para mantener el "orden" y la "propiedad" en el medio rural.
Con Narváez ya al frente, las elecciones de 1844 dieron un triunfo aplastante a los moderados. Su gobierno estableció las bases del Estado liberal moderado con una serie de reformas fundamentales que definirían el sistema durante años.
Innovación clave: La creación de la Guardia Civil respondía a la necesidad de controlar el campo español en una época de grandes cambios en la propiedad agraria.
La Constitución de 1845 excluyó cualquier intento de pacto con los progresistas. Establecía la soberanía compartida entre monarquía y Cortes, con un Senado de nombramiento real y carácter vitalicio. Además, declaraba la exclusividad de la religión católica con compromiso estatal de sufragar los gastos del culto.
Otras reformas importantes incluyeron:
La ley electoral de 1846 redujo drásticamente el número de electores al doblar los requisitos de fortuna para votar, consolidando el sistema como una democracia de ricos.
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El matrimonio de Isabel II con su primo Francisco de Asís (octubre de 1846) fue un asunto internacional. Francia e Inglaterra limitaron los candidatos para evitar que el elegido fuera contrario a sus intereses. El matrimonio resultó desgraciado para ambos y reavivó las pretensiones carlistas.
Esto provocó la segunda guerra carlista o "guerra dels Matiners" (1846-1849), centrada en Cataluña y dirigida por Ramón Cabrera, que regresó de Inglaterra para ponerse al frente de las guerrillas.
El gobierno de Bravo Murillo (1851-1852) firmó el Concordato con la Santa Sede, por el cual el papa reconocía a Isabel II como reina legítima y aceptaba la pérdida de los bienes eclesiásticos ya vendidos. A cambio, se reforzaba la confesionalidad católica y el Estado se comprometía a mantener a la Iglesia con cargo a los presupuestos.
Escándalo político: Los negocios sucios en la construcción del ferrocarril y los enriquecimientos escandalosos minaron la credibilidad del gobierno moderado.
La división interna entre los moderados y los escándalos administrativos, especialmente en las concesiones ferroviarias, desgastaron profundamente al gobierno. Cuando el Senado votó contra las concesiones propuestas, el ejecutivo decidió perseguir a los opositores.
Este autoritarismo fue la gota que colmó el vaso. Un grupo de militares dirigidos por los generales O'Donnell y Dulce inició un pronunciamiento en Madrid el 28 de junio de 1854. Tras enfrentarse con las tropas gubernamentales en Vicálvaro (la "Vicalvarada"), comenzaba una nueva etapa en la historia de España.
El pronunciamiento militar se transformaría pronto en una revolución popular que traería de vuelta a los progresistas al poder después de una década de marginación política.
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Tras el enfrentamiento indeciso en Vicálvaro, las fuerzas sublevadas se retiraron hacia el sur. En Manzanares, el general Serrano convenció a O'Donnell para dar un giro progresista al pronunciamiento. Cánovas del Castillo redactó el "Manifiesto de Manzanares" con promesas progresistas.
La difusión del manifiesto transformó la sublevación militar en una revolución popular. En Madrid se quemaron las viviendas de políticos impopulares y el palacio de María Cristina. Se constituyeron Juntas revolucionarias en distintas ciudades. Isabel II no tuvo más remedio que formar un gobierno dirigido por Espartero, con O'Donnell como ministro de la Guerra.
Las elecciones de octubre dieron el triunfo al nuevo Partido de la Unión Liberal de O'Donnell, una opción de centro que agrupaba a progresistas y moderados. Le siguieron los "progresistas puros" y, en los extremos, moderados y demócratas.
Novedad política: El Partido Demócrata, creado en 1849, defendía el sufragio universal masculino y políticas favorables a los intereses populares.
Las Cortes del Bienio desarrollaron una importante labor legislativa que contribuyó decisivamente a la industrialización del país y la consolidación del capitalismo:
La Constitución de 1856, conocida como "non nata" porque nunca se promulgó, recogía el ideario progresista completo: soberanía nacional, Milicia Nacional, alcaldes elegidos por los vecinos, Senado elegido por los votantes y libertades de imprenta y religiosa.
La desamortización de Madoz (1855) afectó tanto a bienes eclesiásticos no vendidos como a bienes municipales. Aunque la burguesía siguió siendo la gran beneficiaria, la participación de pequeños propietarios fue mayor que en la anterior desamortización.
La Ley de Ferrocarriles (1855) facilitó la inversión extranjera y la constitución de grandes compañías ferroviarias, mientras que la Ley de Bancos (1856) favoreció la movilización de capitales para financiar estas infraestructuras.
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El Bienio Progresista terminó abruptamente cuando las diferencias entre Espartero y O'Donnell se hicieron irreconciliables. O'Donnell, apoyado por los moderados, forzó la salida de Espartero y asumió el poder en julio de 1856, inaugurando una nueva etapa dominada por la Unión Liberal.
Este partido centrista se convirtió en la principal fuerza política de los últimos años del reinado de Isabel II. Su programa combinaba elementos moderados y progresistas, intentando crear una alternativa estable al constante enfrentamiento entre ambos bandos.
O'Donnell mantuvo algunas reformas del Bienio (especialmente las económicas) pero frenó las más radicales. La Constitución de 1856 quedó en suspenso y se restauró la de 1845, aunque con una aplicación más flexible.
Estrategia política: La Unión Liberal intentó crear un "centro político" estable que evitara los extremismos de moderados y progresistas puros.
Los últimos años del reinado se caracterizaron por una creciente inestabilidad política. Los gobiernos se sucedían sin conseguir una base social sólida, mientras crecía el descontento popular por la crisis económica y la corrupción.
La política exterior se volvió más activa con intervenciones en México, Marruecos e Indochina, buscando prestigio internacional que compensara los problemas internos. Sin embargo, estas aventuras militares agravaron los problemas financieros del Estado.
La crisis de 1866 marcó el inicio del fin. Una grave crisis económica, unida al levantamiento de los sargentos de San Gil y la creciente oposición de progresistas y demócratas, creó un clima revolucionario. Isabel II perdió progresivamente el apoyo de todos los sectores políticos, incluyendo a los que tradicionalmente la habían defendido.
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En septiembre de 1868 estalló la revolución que destronó a Isabel II, conocida como "La Gloriosa". Una coalición de progresistas, demócratas y unionistas, dirigida por militares como Prim, Topete y Serrano, se alzó contra la monarquía isabelina.
La revolución triunfó rápidamente debido al total aislamiento político de la reina. Incluso los moderados, tradicionalmente sus defensores, habían perdido la confianza en una monarquía asociada con la corrupción, el autoritarismo y la inestabilidad.
Isabel II marchó al exilio en Francia, cerrando definitivamente una etapa de 35 años que había visto la consolidación del liberalismo en España, pero también tres guerras civiles, constantes pronunciamientos militares y una profunda polarización política.
Balance histórico: El reinado de Isabel II logró establecer el Estado liberal en España, pero su final demostró que el sistema necesitaba una profunda renovación democrática.
El reinado de Isabel II dejó un legado contradictorio. Por un lado, consiguió consolidar el liberalismo frente al absolutismo carlista y establecer las bases del Estado moderno español con una administración centralizada, un sistema fiscal uniforme y la abolición definitiva del Antiguo Régimen.
Por otro lado, el sistema político se caracterizó por su estrechez social (sufragio muy restringido), la constante intervención militar en la política y la incapacidad de integrar a las clases populares en el juego democrático.
La caída de Isabel II abrió un período experimental conocido como el Sexenio Democrático (1868-1874), que intentaría democratizar el sistema político español con resultados también problemáticos, demostrando la dificultad de España para encontrar un equilibrio político estable en el siglo XIX.
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