La Primera Guerra Carlista y el inicio del liberalismo

La muerte de Fernando VII en 1833 desencadenó un conflicto civil entre dos bandos con visiones opuestas de España. Los carlistas, apoyados por el clero, la nobleza agraria y campesinos, defendían el absolutismo bajo el lema "Dios, Patria y Rey". Concentrados principalmente en Navarra y País Vasco, luchaban por mantener los fueros y rechazaban las reformas liberales. Por otro lado, los isabelinos defendían el trono de Isabel II con el apoyo de la alta nobleza, funcionarios y especialmente la burguesía liberal que financiaba la guerra a cambio de reformas.

El desarrollo del conflicto tuvo su epicentro en el norte, donde los carlistas, liderados por el general Zumalacárregui, llegaron a formar un pequeño estado con administración propia en Navarra. Otros focos importantes se situaron en Cataluña, Bajo Aragón y el Maestrazgo bajo el mando de Ramón Cabrera.

💡 El Convenio de Vergara (1839) marcó el fin oficial del conflicto al mantener los fueros vascos e integrar a los oficiales carlistas en el ejército real, aunque algunos intransigentes continuaron la lucha hasta 1840.

Paralelamente a la guerra, se inició el proceso de revolución liberal. María Cristina, como regente, intentó primero tibias reformas con Cea Bermúdez, insuficientes para atraer a los liberales. Posteriormente nombró a Martínez de la Rosa, quien promulgó el Estatuto Real (1834), una carta otorgada que establecía dos cámaras legislativas meramente consultivas, sin verdadero poder frente al monarca.

La revolución liberal y las primeras constituciones

El verano de 1835 estalló con motines y protestas en diversas ciudades que exigían la reinstauración de la Constitución de 1812. Para apaciguar la situación, la regente nombró a Juan Álvarez Mendizábal, liberal progresista, como nuevo jefe de gobierno. Sus objetivos eran claros: derrotar al carlismo, establecer un régimen liberal y convocar Cortes para reformar el Estatuto Real.

La principal medida de Mendizábal fue la desamortización de tierras eclesiásticas, que supuso la venta de propiedades de la Iglesia. Sin embargo, las presiones populares llevaron a su destitución y, tras nuevas revueltas como la de La Granja, la regente se vio obligada a aceptar la Constitución de 1812 y nombrar un gobierno progresista encabezado por Calatrava.

El gobierno convocó elecciones que dieron mayoría progresista y las Cortes redactaron la Constitución de 1837, más breve y generalista que la de Cádiz. Esta constitución incluía:

• Amplia declaración de derechos
• División de poderes
• Soberanía compartida con la Corona
• Introducción del Senado como segunda cámara
• Sufragio restringido pero más amplio que el anterior

💡 La reforma agraria liberal no solo afectó a bienes eclesiásticos, sino que transformó toda la estructura de propiedad mediante la abolición de señoríos, la desvinculación de mayorazgos y la introducción de principios de propiedad privada.

La desamortización, aunque pretendía formar propietarios liberales y modernizar la agricultura, acabó favoreciendo la concentración de tierras en manos de grandes propietarios burgueses, sin redistribución entre campesinos. Otras medidas liberalizadoras incluyeron la supresión de diezmos y gremios, libertad de contratación laboral y eliminación de aduanas interiores.

Los primeros partidos políticos y la Década Moderada

A medida que se consolidaba el sistema liberal, surgieron dos grandes bloques políticos que marcarían la vida española: moderados y progresistas, con diferencias fundamentales sobre cómo debía organizarse el Estado. Los moderados defendían una soberanía compartida entre rey y Cortes, un sufragio muy limitado, centralización del poder y restricción de derechos individuales. Los progresistas, por su parte, apostaban por la soberanía nacional, sufragio más amplio, mayor autonomía local y reconocimiento más extenso de derechos.

En 1843, tras el derrocamiento de Espartero por un levantamiento apoyado por moderados, Isabel II fue declarada mayor de edad con solo 13 años, iniciándose la Década Moderada (1844-1854). El general Narváez estableció un régimen basado en autoridad, orden y represión conocido como "liberalismo doctrinario", que garantizaba el dominio de la oligarquía terrateniente y financiera.

La Constitución de 1845 asentó los principios moderados: cortes bicamerales, sufragio censitario reducido al 1% de la población y control estatal de la prensa. El sistema electoral facilitaba el falseamiento de resultados y la manipulación, eliminando la representación de minorías políticas.

💡 Los moderados mejoraron relaciones con la Iglesia firmando el Concordato de 1851, que frenó la desamortización y comprometió al Estado a sostener económicamente a la Iglesia a cambio de reconocer a Isabel II.

Para consolidar el Estado liberal, los moderados implementaron importantes reformas:

• Reforma fiscal Mon-Santillán (1845) que gravaba artículos de primera necesidad
• Código Penal (1848) y Código Civil (1850)
• Reforma de la Administración pública con oposiciones
• Creación de la Guardia Civil (1844)
• Implantación del sistema métrico decimal

Crisis moderada y el Bienio Progresista

El régimen moderado entró en crisis por varios factores: protestas contra las quintas (servicio militar obligatorio), motines, huelgas obreras y acciones de demócratas y republicanos. Además, la Segunda Guerra Carlista (1846-1849) o "Guerra dels Matiners" estalló en Cataluña como respuesta a la centralización que amenazaba los fueros.

La inestabilidad se agravó por las divisiones internas que provocaron ocho gobiernos en apenas dos años. El punto crítico llegó con la reforma de Bravo Murillo (1852), que pretendía restringir aún más el sufragio y permitir gobernar autoritariamente suspendiendo las Cortes, provocando la oposición incluso de sectores moderados.

Esta deriva autoritaria desencadenó la Revolución de 1854, iniciada con el Pronunciamiento de Vicálvaro liderado por O'Donnell. El Manifiesto de Manzanares, de contenido reformista, logró que Isabel II aceptara el restablecimiento de la Milicia Nacional y las libertades, formándose un gobierno presidido por Espartero con O'Donnell como ministro de Guerra. Este período, conocido como Bienio Progresista, impulsó importantes reformas económicas:

• Nueva Ley de Desamortización de Pascual Madoz (1855) que afectó a bienes religiosos, militares y municipales
• Ley General de Ferrocarriles (1855) que atrajo inversiones extranjeras
• Modernización con el telégrafo, carreteras y desarrollo bancario

💡 El Bienio Progresista representó un intento de acelerar la modernización económica de España, pero su impacto social fue contradictorio, perjudicando especialmente al pequeño campesinado que perdió el acceso a tierras comunales.

La conflictividad social aumentó y provocó medidas militares de represión apoyadas por O'Donnell pero rechazadas por Espartero. La reina se decantó finalmente por O'Donnell, nombrándolo jefe de Gobierno en julio de 1856, lo que provocó resistencia progresista que fue aplastada militarmente, poniendo fin al Bienio.

El final del reinado de Isabel II

Tras el golpe militar de 1856, O'Donnell restableció la Constitución de 1845 con carácter más liberal y mantuvo las leyes desamortizadoras. Sin embargo, en octubre del mismo año fue sustituido por Narváez, quien redujo derechos y libertades y suspendió la desamortización. Durante este periodo se aprobó la Ley de Instrucción Pública de Moyano (1857), una importante reforma educativa que organizaba la enseñanza en tres niveles para combatir el analfabetismo.

O'Donnell regresó al poder en 1858, consolidando el nuevo partido Unión Liberal, que intentaba ocupar una posición intermedia entre moderados y progresistas. Su gobierno, que duró cuatro años y medio, fue relativamente estable y se caracterizó por:

• Liberalización moderada del sistema político
• Mayor libertad de prensa y autonomía de los ayuntamientos
• Continuación de la expansión del ferrocarril
• Aumento de la inversión en obras públicas

Aprovechando la expansión económica y el incremento de recursos de Hacienda, O'Donnell emprendió varias operaciones militares en el exterior: expediciones a Cochinchina, México y Marruecos. La guerra contra Marruecos, que movilizó a 50.000 soldados, generó una oleada de patriotismo y otorgó gran prestigio al general progresista Juan Prim.

💡 Las aventuras exteriores de O'Donnell pretendían recuperar la imagen de España como potencia colonial y estimular el patriotismo, pero no lograron ocultar los graves problemas internos del país.

La inestabilidad política se agudizó entre 1863 y 1868 por el excesivo intervencionismo de Isabel II. La oposición responsabilizó a la reina de todos los males del país. En 1866, la sublevación de los sargentos del Cuartel de San Gil se convirtió en una revuelta popular, que fue duramente reprimida por Narváez, quien clausuró las Cortes instaurando una dictadura encubierta.

El fin de la monarquía isabelina

El sistema político se deterioraba mientras una grave crisis de subsistencia provocaba aumento de precios y descontento popular. En este contexto surgió el Pacto de Ostende, un manifiesto para acabar con la monarquía de Isabel II, formar un gobierno provisional y convocar Cortes constituyentes.

Este pacto, firmado inicialmente por progresistas y demócratas, y al que posteriormente se unirían los unionistas (con fuerte componente militar), se extendió a amplios sectores de la sociedad. Había un consenso generalizado sobre la necesidad de un cambio drástico que pusiera fin al reinado de Isabel II.

La crisis final del sistema isabelino se caracterizó por:

• Constante intervencionismo de la reina en asuntos políticos
• Represión violenta de movimientos opositores
• Crisis económica y de subsistencia
• Unión de fuerzas políticas muy diversas contra la monarquía

La revolución conocida como "La Gloriosa" en septiembre de 1868 pondría fin a este turbulento periodo, abriendo paso al Sexenio Democrático, primera experiencia verdaderamente democrática en la historia de España.

💡 El fracaso del Estado liberal moderado no se debió solo a errores políticos, sino a su incapacidad para integrar a amplios sectores sociales y resolver los graves problemas estructurales de España.

Durante los 35 años transcurridos entre 1833 y 1868, España vivió una profunda transformación de sus estructuras políticas y económicas, pero el nuevo Estado liberal no logró consolidarse plenamente. La alternancia entre periodos progresistas y moderados, las constantes intervenciones militares y la incapacidad para crear un sistema verdaderamente representativo contribuyeron al descrédito final de la monarquía isabelina.