La Desamortización de Mendizábal fue una de las reformas económicas más importantes del siglo XIX en España, implementada entre 1836 y 1837 por Juan Álvarez Mendizábal durante el reinado de Isabel II. Esta medida buscaba resolver la grave crisis de subsistencia que atravesaba el país y la deuda pública mediante la expropiación y venta de bienes eclesiásticos.
El proceso consistió en la nacionalización y posterior subasta pública de propiedades pertenecientes a la Iglesia y órdenes religiosas. Las consecuencias de la Desamortización de Mendizábal fueron profundas y duraderas: por un lado, debilitó significativamente el poder económico de la Iglesia, que hasta entonces había sido uno de los mayores terratenientes de España. Por otro lado, no logró crear una clase media rural como se pretendía, ya que las tierras fueron adquiridas principalmente por la burguesía y nobles adinerados, consolidando así una nueva élite de grandes propietarios de España. Esto perpetuó la desigualdad en la distribución de la tierra y no resolvió los problemas de la sociedad estamental.
La posterior Desamortización de Madoz (1855) amplió el alcance de estas medidas, afectando también a los bienes municipales. Ambos procesos desamortizadores transformaron profundamente la estructura de la propiedad agraria española, aunque no lograron resolver los problemas fundamentales de la agricultura ni las frecuentes crisis de subsistencia en España. Estas crisis, caracterizadas por la escasez de alimentos y el aumento de precios, provocaban periódicamente motines de subsistencia, similares a los ocurridos durante la Crisis de subsistencia Revolución Francesa. La agricultura de subsistencia persistió en muchas regiones, manteniendo un sistema productivo poco eficiente que contribuyó a las dificultades económicas del país durante el siglo XIX.
